“Todas las personas tienen el derecho humano básico e indiscutible al agua potable como un bien esencial para la vida… su protección, sostenibilidad, conservación y manejo será gobernado por las provisiones de la ley”. El derecho al agua y a un medio ambiente sano están establecidos como derechos humanos dentro de la Constitución de Costa Rica. Mientras que el derecho al saneamiento no esta explícitamente incluido en la ley, en general, el país ha obtenido un buen puntaje en nuestra evaluación legal del país. Costa Rica ha invertido recursos para garantizar la calidad y la seguridad del agua y del medio ambiente al establecer mecanismos de rendición de cuentas y procedimientos de denuncia que garantizan el uso responsable de los recursos hídricos y que permiten la transparencia al público. Puede descargar el documento completo en inglés acá.
Costa Rica es una república unitaria presidencial y constitucional. El país esta dividido en 7 provincias, estas están divididas en 81 cantones y estos luego se dividen en 470 distritos. Cada canton tiene a cargo una municipalidad con un gobierno local encargado de las iniciativas y del proceso de toma de decisiones local. El poder para ratificar tratados lo tiene el presidente y la asamblea legislativa. Además, el país permite la participación con herramientas como la consultación pública. A esta la apoyan plataformas en línea que forman parte de una iniciativa gubernamental para un gobierno abierto. De esta manera, las municipalidades también ofrecen otros métodos de participación local como los plebiscitos, los referendums, las asambleas públicas y las audiencias.
Gracias al Río San Juan (Nicaragua) y a la cuenca del Río de Sixaola (Panamá), el país ha desarrollado varios tratados transfronterizos para el uso de los recursos hídricos. La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola se estableció con el propósito de ser la entidad responsable para la administración del río y para supervisar su desarrollo (económico, político, social y ambiental) integrado. Costa Rica también ha ratificado varios tratados bilaterales, regionales e internacionales.
Interesantemente, las fuentes públicas de agua no pueden ser eliminadas permanentemente de la propiedad estatal en este país (Artículo 121.14 de la Constitución Política). Existen cuatro instituciones encargadas de la administración de los recursos hídricos: el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) , el Ministerio de Salud (MINSALUD), el Ministerio de Agricultura y su departamento el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Las Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADA) son cooperativas comunales en Costa Rica que proveen agua potable accesible a las comunidades locales.
El marco legal primario para el manejo y uso de los recursos hídricos en Costa Rica se rige por la Ley de Aguas. A través del Gobierno de Costa Rica, éste otorga concesiones y regula el uso individual y corporativo de los recursos hídricos; establece el uso doméstico como una prioridad en caso de escasez de agua; y también regula la infraestructura hídrica para proteger el recurso. El derecho al uso del agua está legalmente vinculado a la propiedad de la tierra. Para utilizar aguas superficiales o subterráneas, los títulos de propiedad requieren permisos o concesiones (suspensibles) otorgados por el MINAE. Hay muchos planes estratégicos y decretos relacionados con el agua y el medio ambiente.
Las leyes y reglamentos pertinentes para la protección y el uso sostenible del agua son las siguientes:
- La Ley de agua potable y sus enmiendas
- La Ley general de salud
- La Ley general del medio ambiente
- Ley por la que se establece el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
- El Reglamento sobre la calidad del agua potable
- Reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de las masas de agua superficiales
Las leyes y reglamentos pertinentes para la protección y el uso sostenible del medio ambiente son las siguientes:
- Ley Orgánica de Medio Ambiente de 1995
- La Ley de Biodiversidad
- Ley general de salud de 1973
- Ley forestal de 1996
Calidad y seguridad
En cuanto a la calidad y la seguridad del agua, hay normas químicas y microbiológicas obligatorias que deben seguirse para garantizar que el agua sea potable, incluyendo cinco niveles de control llevados a cabo por las partes interesadas pertinentes. La frecuencia de la vigilancia depende de la densidad de población en cada cantón, con controles mensuales para cantones de más de 500.000 personas y controles semestrales en cantones más pequeños. Este muestreo se realiza en fuentes de abastecimiento de agua y sistemas de distribución de agua.
Las directrices específicas son las que ayudan a garantizar la construcción segura de infraestructura de agua y saneamiento, esto incluye el Reglamento 39887-S del Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Además, existen normas específicas para la gestión y el tratamiento de las aguas residuales a fin de evitar daños al medio ambiente y la salud humana.
Trasparencia e información pública
La Constitución de Costa Rica establece que “se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos para fines de información sobre asuntos de interés público”. Consecuentemente, el derecho de acceso a la información pública está protegido por diversos instrumentos. El AyA ha implementado programas educativos para docentes y estudiantes para promover una mayor conciencia, responsabilidad, valores, un consumo más eficiente y una nueva cultura que valora el agua.
El país cuenta con diversos mecanismos para garantizar la rendición de cuentas y la justicia cuando se trata de violaciones de los derechos humanos. Los recursos legales permiten a las personas presentar denuncias a nivel local e internacional (ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), incluyendo violaciones contra los derechos humanos al agua y el saneamiento, y el derecho a un medio ambiente limpio y saludable.
Para referencias y análisis detallados en inglés, descargue este documento.
Exención de responsabilidad: Esta no es una declaración de cumplimiento ni una revisión legal de este país. White & Case ha proporcionado una valiosa asistencia pro bono para este proyecto, pero no se responsabiliza de la evaluación comparativa de los países que refleja la única visión de Human Right 2 Water.