El control de la contaminación es considerado como un tema importante en Honduras, esto se refleja en las disposiciones legales encontradas para controlar la calidad y seguridad de los recursos hídricos, la gestión de aguas residuales y la calidad del agua potable. A pesar de que no reconoce plenamente en su Constitución el derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable (HRHE por sus siglas en inglés), sin embargo muchos aspectos de este derecho están incluidos en la legislación.
Se debe tener en cuenta que la revisión legal de Human Right 2 Water está diseñada para mapear referencias a leyes relevantes, y no evalúa el cumplimiento en la práctica, sin embargo, el reconocimiento legal es un primer paso sólido.
El estudio muestra que Honduras es una república democrática constitucional con su gobierno separado en tres ramas: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. El Congreso tiene el poder de promulgar leyes y el poder ejecutivo decreta y ejecuta esas leyes. Además, la Constitución establece el referéndum y el plebiscito como mecanismos de consulta. Tanto los derechos humanos al agua como el derecho humano al saneamiento se mencionan en la Constitución.
A nivel regional e internacional, Honduras ha ratificado tratados que incluyen el agua y el saneamiento en las políticas vinculantes. Los recursos hídricos transfronterizos que el país comparte con sus países vecinos han llevado al establecimiento de un Grupo Binacional de Manejo para la Cuenca del Río Goasocoran (GGBCG), micro-consejos para el Río Lituy (Honduras) y el Río Honduritas (El Salvador).
A nivel nacional, la Ley General del Agua establece Consejos de Cuencas para integrar y representar a los consejos de sub-cuencas y micro-cuencas. Esto permite la participación y el empoderamiento de los ciudadanos en la adopción de decisiones relacionadas con el agua. Otras autoridades que participan en la gobernanza del agua serían:
- Consejo Nacional de Recursos Hídricos
- La Autoridad del Agua (Instituto Nacional de Recursos Hídricos y organismos regionales)
- Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA)
- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA)
- Ente Regulador Agua Potable y Saneamiento (ERAPS)
- Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
- Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
- Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH)
- La Autoridad del Agua (órgano descentralizado de la administración pública adscrito a la Secretaría de Estado en las Oficinas de Recursos Naturales y Medio Ambiente)
En cuanto a la legislación interna sobre el agua, existe una Política Nacional del Agua específica implementada por SERNA. La planificación del agua es gestionada por un Plan Nacional del Agua que debe ser aprobado por el poder ejecutivo. Además, hay otras estrategias y planes de acción nacionales que incluyen la Estrategia de Derechos Humanos y el Plan de Acción de Derechos Humanos. La ley también establece las condiciones para el uso, explotación, desarrollo y aplicación del agua y el ecosistema. Esta reconoce el consumo humano como la principal prioridad para el uso del agua.
Honduras obtuvo buenos resultados en nuestra evaluación con respecto al control de la contaminación del agua. Esto implica que el país cuenta con mecanismos para regular los procedimientos de eliminación de desechos. La ley establece que es responsabilidad de los municipios adoptar el sistema de recolección, tratamiento y disposición final del agua. Para las aguas subterráneas, con el fin de utilizar este recurso y obtener un permiso, hay estudios que deben realizarse que analicen el impacto ambiental que este uso tendría. También es una violación de la ley descargar sustancias que contaminan las aguas subterráneas sin autorización. Los municipios y la Dirección de Aguas tienen la responsabilidad de autorizar los vertederos de aguas residuales. Si hay violaciones de la ley, las entidades pueden ser multadas y sancionadas según la infracción cometida.
El análisis completo esta disponible en inglés en este enlace.
Exención de responsabilidad: Esta no es una declaración de cumplimiento ni una revisión legal de este país. White & Case ha proporcionado una valiosa asistencia pro bono para este proyecto, pero no se responsabiliza de la evaluación comparativa de los países que refleja la única visión de Human Right 2 Water.