Mecanismos de regulación del agua en El Salvador

Los individuos tienen el derecho de estar informados y recibir información de manera clara, suficiente y con suficiente tiempo para informarse de cualquier tipo de política que pueda impactar el medio ambiente y la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. El Salvador obtuvo un buen puntaje en algunos de los aspectos presentes en nuestra evaluación legal que determina como es que el derecho humano al agua y al saneamiento y el derecho humano a un medio ambiente sano y limpio son integrados para apoyarse en la legislación nacional. En especial, El Salvador obtuvo un buen puntaje con respecto a la participación ciudadana y al derecho humano a la información y a la transparencia. El país tiene una Ley del Medio Ambiente que establece que el publico tiene derecho a participar cuando se trata del manejo del medio ambiente. Además, también existe un Registro el Agua abierto al público donde es legalmente requerido que se incluya todo tipo de información con respecto a los operadores de agua, por ejemplo, las asignaciones a entidades públicas que utilizan los recursos hídricos e información sobre los permisos necesarios. La Ley del agua en El Salvador es necesaria para proporcionar un marco integral unificado para la gestión del uso del agua en todos los sectores.

El Salvador es una república presidencial unitaria con un gobierno central. Esta dividida en 14 departamentos, 39 distritos y 262 municipalidades. El gobierno se divide en tres diferentes ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En el 2022, cuando se estableció la Ley General de Recursos Hidrológicos, se creó la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como la autoridad autónoma responsable del manejo integrado del agua y de la implementación de la Ley del Agua.

De manera local, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es la entidad responsable de proveer agua potable y acceso al saneamiento. Adicionalmente, para las áreas en donde la ANDA no puede ofrecer sus servicios, existen más de 2500 Juntas de Agua que en el 2020 atendió alrededor del 18,02% de la población total del país y alrededor del 52,8% de la población rural del país. Estas Juntas de Agua no participan en el proceso de toma de decisiones. Por último, las asociaciones de desarrollo comunitario también trabajan con las municipalidades para promover e implementar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas.

El Salvador ha ratificado varios tratados regionales e internacionales. Algunos de estos tratados que están directamente relacionados con el derecho humano al agua son:

  • Artículo 14.2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
  • Artículo 24 de la Convención de los derechos humanos del niño
  • Artículo 28 de la Convención de los derechos humano de las personas con discapacidad
  • Artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos “El Pacto de San José”
  • Artículos 11 y 12 del Protocolo de San Salvador

La lista completa de los tratados y convenciones ratificados por El Salvador esta disponible en el documento.

Luego, con respecto a las legislación domestica relacionada al agua, el derecho humano al agua no es mencionado dentro de la constitución. No obstante, la Asamblea Legislativa sostuvo en amparo que la Constitución protege el derecho humano al agua y que se deben implementar políticas para facilitar, promover y garantizar el acceso a instalaciones de saneamiento. Además, el congreso salvadoreño aprobó la Estrategia Nacional para el Agua y el Saneamiento en el 2018 y la Ley del Agua en el 2021. El derecho humano a un medio ambiente sano y limpio si esta explícitamente mencionado en la Constitución y existen varias leyes y estrategias que buscan proteger el medio ambiente. Existe legislación disponible para regular la extracción del agua con el propósito de garantizar su protección.

Por último, el documento analiza el sistema judicial de El Salvador. El Estado depende de la ANDA y otras instituciones descentralizadas para abastecer las necesidades de los ciudadanos con respecto al agua. Estos pueden plantear quejas a través de diferentes plataformas. Adicionalmente, existen cortes a las cuales los ciudadanos pueden presentar casos contra personas, entidades gubernamentales y otras entidades no gubernamentales. En general, las cortes en el país tienen la jurisdicción de escuchar los casos relacionados a la obligación de respetar, proteger y cumplir con el derecho humano a un ambiente sano dependiendo de la causa de acción subyacente.

El análisis completo esta disponible en inglés en este enlace.

Exención de responsabilidad: Esta no es una declaración de cumplimiento ni una revisión legal de este país. White & Case ha proporcionado una valiosa asistencia pro bono para este proyecto, pero no se responsabiliza de la evaluación comparativa de los países que refleja la única visión de Human Right 2 Water.